Con la firma de la nueva Ley de Salud Mental, Colombia reconoce este componente como un derecho fundamental y establece un modelo de atención integral, preventivo y territorial. La norma busca cerrar brechas de acceso, fortalecer la prevención desde la infancia y atender a poblaciones vulnerables con un enfoque diferencial y comunitario.
Colombia ha dado un paso significativo en el fortalecimiento del sistema de salud pública con la aprobación de la nueva Ley de Salud Mental, una normativa que reconoce este ámbito como un derecho fundamental y establece un modelo de atención integral, preventivo y con enfoque territorial. Esta ley, firmada recientemente por el presidente Gustavo Petro tras su paso por el Congreso, busca garantizar el bienestar emocional de la población a través de estrategias que trascienden el tratamiento clínico tradicional y abarcan la educación, la prevención comunitaria y el acompañamiento continuo.
Según datos recientes del Observatorio Nacional de Salud Mental (ONSM), el 66,3 % de los colombianos ha manifestado haber experimentado algún problema de salud mental en su vida. Esta cifra revela la magnitud de un fenómeno que, aunque históricamente invisibilizado, se ha convertido en una prioridad de salud pública.
Uno de los aspectos más destacados de la nueva legislación es la creación de un modelo de atención integral que involucra no solo a los servicios médicos, sino también a las instituciones educativas, los espacios laborales, los centros penitenciarios y las comunidades. Se prevé la implementación de equipos básicos de salud mental en todo el país, incluso en zonas rurales históricamente desatendidas, lo que permitirá mejorar el acceso a servicios especializados y reducir la brecha entre las regiones urbanas y rurales.
Además, la ley contempla programas de promoción del bienestar emocional desde la infancia, apostando por la educación emocional y la intervención temprana como pilares para reducir los riesgos psicosociales. La docente Carolina Zúñiga Fonseca, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, destaca que con esta normativa el Estado adquiere la obligación de proteger, promover y garantizar la salud mental, al ser reconocida como un derecho fundamental.
La implementación de campañas masivas para erradicar el estigma alrededor de los trastornos mentales es otro de los componentes clave. Escuelas, empresas, EPS y entidades territoriales deberán desarrollar acciones concretas para fomentar la empatía, el autocuidado y una cultura de prevención. La nueva ley no solo reconoce la dimensión clínica de la salud mental, sino que impulsa un abordaje humanizado y multidisciplinario, centrado en la dignidad del individuo.
César Sierra, coordinador del programa de Psicología del Politécnico Grancolombiano, sede Medellín, resalta que esta iniciativa legal prioriza la atención de poblaciones vulnerables, como niños, adolescentes, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y comunidades LGBTIQ+. En sus palabras, “la salud mental deja de ser un asunto individual o marginal, para convertirse en una responsabilidad nacional, colectiva y transversal”.
Sin embargo, los retos siguen siendo importantes. En muchas regiones del país las citas con psicólogos o psiquiatras tardan más de dos meses en asignarse, y la escasez de profesionales en zonas rurales limita seriamente la capacidad de respuesta ante emergencias psíquicas. Sindy Quintero, psicóloga de Colmédica, advierte que Colombia atraviesa una “crisis silenciosa”, con un aumento preocupante en los casos de ansiedad, depresión, ataques de pánico y autolesiones, incluso entre menores de edad.
La pandemia de COVID-19 también dejó una huella profunda. Según Máncel Enrique Martínez, de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, la depresión afecta a un 15,8 % de los adolescentes y ha aumentado considerablemente en mujeres y jóvenes. La falta de rituales de duelo, el aislamiento y el estrés postraumático han derivado en niveles sin precedentes de consultas psicológicas, como lo indica también Luisa Fernanda Zúñiga, directora de Psicología Clínica en Uniagraria.
La ley también incorpora un enfoque interseccional, reconociendo las necesidades específicas de mujeres, personas mayores, comunidades étnicas y población LGBTIQ+. Además, promueve la creación de facultades públicas de salud mental, consultorios universitarios, y programas comunitarios sostenidos, que garanticen el acceso continuo a medicamentos y terapias.
En definitiva, la nueva Ley de Salud Mental representa un hito histórico para Colombia. Su enfoque preventivo, comunitario y diferencial marca un cambio de paradigma: pasar de la atención reactiva a una salud mental concebida como un derecho, un bien común y una prioridad nacional.
