Hace cuatro años, Colombia dio un paso histórico en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos al despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional.
Desde entonces, esta fecha se ha consolidado como un momento clave para recordar la importancia de garantizar la autonomía reproductiva y el derecho fundamental a la salud.
Según cifras de Profamilia, organización líder en servicios de salud sexual y reproductiva, desde la despenalización del aborto en Colombia, 213.895 mujeres y personas gestantes han accedido a servicios seguros, oportunos y dignos, evitando así recurrir a prácticas inseguras que ponen en riesgo su vida y bienestar.
Solo en 2025, 59.532 personas recibieron atención, de las cuales el 94,5 % correspondió a abortos farmacológicos realizados antes de la semana 12 de gestación.
“Colombia ha avanzado de manera significativa en el reconocimiento del aborto como un derecho fundamental, y los resultados se reflejan en la vida de miles de mujeres y personas gestantes. El reto ahora es cerrar las brechas que persisten y asegurar que este derecho se ejerza con calidad, oportunidad y dignidad en todo el país”, aseguró Marta Royo, CEO de Profamilia.
¿Qué servicios acceden las mujeres, luego de la despenalización del aborto?
A pesar de los avances, el acceso sigue siendo desigual según la ubicación geográfica y las condiciones socioeconómicas. Para garantizar un aborto seguro y equitativo en Colombia, se identifican siete claves fundamentales en la despenalización del aborto.
- Acceso real en todo el territorio nacional: existen desigualdades que dificultan el acceso oportuno, especialmente para mujeres y personas gestantes rurales, indígenas y racializadas.
- Es necesario fortalecer la red pública de servicios, implementar rutas claras de atención y estrategias de telemedicina y acompañamiento comunitario.
- Garantías para comunidades indígenas y afrodescendientes: la Corte Constitucional ha reafirmado que estas poblaciones tienen derecho a acceder al aborto sin barreras y que el Estado debe facilitar diálogos interculturales para garantizar la prestación del servicio (SU-297 de 2025).
- Ejercicio adecuado de la objeción de conciencia: la objeción es personal, no institucional. Si un profesional no puede prestar el servicio, la institución debe garantizar que otro profesional lo haga oportunamente, respetando siempre el acceso y la información.
- Personal de salud capacitado y suficiente con enfoque de derechos: se requiere formación continua del personal, protocolos claros contra la violencia obstétrica y supervisión efectiva para asegurar atención digna y humanizada.
- Ampliar los perfiles habilitados, como enfermería, fortalece la equidad y la cobertura.
- Datos públicos y sistemas de información sólidos: contar con registros nacionales desagregados por territorio, etnia, edad y condición socioeconómica permite identificar brechas y orientar políticas públicas basadas en evidencia.
- Educación Integral para la Sexualidad y acceso a información confiable: la educación sexual debe ser continua, adaptada a cada ciclo de vida y libre de estigmas.
- Es vital garantizar acceso a información clara, sin censura ni sesgos, incluso en plataformas digitales y redes sociales.
- Incluir el aborto en el debate público y electoral: en este año electoral, es fundamental nombrar el aborto como derecho en campañas y exigir compromisos claros de candidatos para proteger los derechos reproductivos, garantizar recursos y políticas efectivas.
¿Cuándo fue despenalizado el aborto en Colombia?
Este 21 de febrero se ha convertido en una fecha simbólica para exigir que el aborto sea reconocido y ejercido como un derecho fundamental en todo el país.
Cuatro años después de la Sentencia C-055, los logros son evidentes, pero la tarea sigue: garantizar que todas las mujeres y personas gestantes en Colombia puedan interrumpir un embarazo de manera segura, digna y sin discriminación.
